Moción de Izquierda Unida de Requena en defensa de la Sanidad Pública

June 6, 2012 by  
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MOCIÓN EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

Don Fernando Navarro Giménez, Portavoz del Grupo Municipal de EUPV en el Ayuntamiento de Requena, en nombre y representación del mismo, y al amparo de lo establecido en la normativa aplicable, por razones de urgencia, eleva al Pleno de la Corporación, para su debate la siguiente

Hospital Requena - IU

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Grupo Municipal de Esquerra Unida PV se hace eco, apoya y comparte el presente documento promovido por la Plataforma para la Defensa y Mejora de la Sanidad Pública Valenciana y nos unimos al llamamiento a los Ayuntamientos valencianos en defensa de la sanidad pública en nuestra Comunidad ante el preocupante ataque por parte del Gobierno de España mediante la aprobación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, así como la anunciada pretensión de la Generalitat Valenciana de privatizar la gestión de la sanidad pública valenciana.

Los Ayuntamientos, como administraciones más cercanas a la ciudadanía, no podemos permanecer impasibles ante la pérdida de derechos sociales de la ciudadanía y ante las graves consecuencias que para la salud y la justicia social tienen y tendrán las políticas sanitarias planteadas por los gobiernos autonómico y estatal.

Tales políticas carecen de fundamentos constatables y no son más que el reflejo ideológico de un modelo de sociedad inspirado en directrices neoliberales, injusto y desequilibrado por definición, que se configura alrededor de un estado de bienestar mínimo, donde los derechos de los colectivos más vulnerables de la sociedad se sacrifican en beneficio del negocio de unos pocos. En este marco teórico la campaña de recortes presupuestarios y de privatizaciones esconde la auténtica finalidad; cuestionar el derecho a la salud y convertir la salud en una mercancía.

En este sentido, no es de extrañar que el Real Decreto Ley 16/2012 ataque la universalidad del derecho a la salud e introduzca medidas de repago a los usuarios y usuarias como contraprestación por la dispensación de medicamentos, productos dietéticos u ortoprotésicos y por el trasporte sanitario no urgente. Mientras tanto, el Consell de la Generalitat anuncia un nuevo modelo de gestión compartida entre la iniciativa privada y la pública, donde a ésta última sólo se le reserva la gestión del área asistencial. Tanto una iniciativa como la otra persiguen la finalidad de normalizar y de familiarizar a la ciudadanía con la idea de que la salud es un bien privado, sometido a las leyes de mercado y a la capacidad económica individual para sufragar los gastos de su protección.

En definitiva, quienes no creen en el Estado del Bienestar pretenden aprovechar la grave situación de crisis económica que atravesamos para desmantelar un sistema ejemplar de servicios y derechos, edificado por generaciones de españoles y españolas durante décadas. Amparándose en argumentos sobre una dudosa sostenibilidad del sistema sanitario y en las recetas de la gestión privada como única vía de solución, están perpetrando la mayor agresión a la sanidad pública que hemos vivido en la historia de la democracia, estamos ante un verdadero cambio de modelo sanitario que se está produciendo de forma subrepticia y sin los recomendables consensos sociales.

Los Ayuntamientos valencianos afirmamos, con la Plataforma por la Mejora y Defensa de la Sanidad Pública Valenciana, que:
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No es cierto que la sanidad pública sea insostenible:

a. El porcentaje sobre el PIB que España ha invertido en la sanidad pública el año 2009 (7,5%) lo sitúa por debajo de la media de los países de la Unión Europea de los 15. Con una inversión moderada ha ofrecido servicios sanitarios universales y de calidad que han servido de modelo y de ejemplo en otros países occidentales.

b. La mayor deuda se sitúa en las CCAA que han realizado menor inversión en sanidad. La sanidad valenciana está en el último lugar en gasto sanitario por habitante en España, un 20% por debajo de la media española.

c. La contribución de la sanidad pública a la deuda de las CCAA se debe a la subfinanciación del sistema sanitario, al carácter no finalista de las transferencias económicas que acompañaron a las transferencias de la sanidad a las CCAA, al propio modelo de financiación autonómico, al gasto farmacéutico y a las privatizaciones sanitarias.

d. En la Comunidad Valenciana se ha agravado la situación ante las políticas de grandes eventos que han absorbido buena parte del presupuesto de la Generalitat, las privatizaciones que actualmente piensan ampliar y el gasto farmacéutico superior al de otras CCAA.

e. El gasto farmacéutico aumenta, en buena parte, debido a la infradotación de recursos humanos especialmente en Atención Primaria (por debajo de la ratio de otras CCAA), lo que impide una atención clínica de calidad, que conllevaría una reducción en la prescripción de fármacos, en las derivaciones a especializada y en el uso de pruebas diagnósticas.

En conclusión, España está por debajo de la media europea en gasto sanitario y la Comunidad Valenciana es la última de las CCAA en dicho gasto, producto de la subfinanciación y las prioridades en la gestión realizada por la Generalitat Valencia.

No es cierto que la Sanidad en colaboración público-privada sea más barata y eficiente, los usuarios no reciben las mismas prestaciones a un menor coste:

a. Al cuarto año de abrirse el hospital de Alcira, la Generalitat le aportó 69 millones de euros de nuestros impuestos, porque tenía pérdidas o no llegaba a obtener las ganancias previstas, hecho que ya fue denunciado por la Sindicatura de Cuentas. Esta cantidad es lo que habría costado la construcción de un nuevo Hospital de esas características, que ahora sería de los valencianos/as.

b. De los cinco Departamentos de Salud con modelo de gestión privada, los únicos que de momento, declaran obtener ganancias son Torrevieja y Alcira. Este último Departamento, en el periodo 2003-2012, ha aumentado la financiación capitativa (el dinero que recibe por habitante de la zona/año) en casi un 70%, un 6% de media anual.

c. Los Departamentos privatizados tienen las plantillas de personal más reducidas, sobreexplotadas, desmoralizadas y cansadas, repercutiendo en la asistencia directa a los pacientes.

d. La factura de difícil control y mayor coste, por ejemplo, farmacia ambulatoria, transporte sanitario (ambulancias), prótesis, oxigenoterapia…, corre a cargo de la Consellería de Sanidad.

e. Asumen intervenciones de coste limitado y controlado, por ejemplo los partos y algunas pruebas diagnósticas de pacientes de otros Departamentos de Salud públicos, por los que facturan aparte a la Conselleria obteniendo beneficios económicos extras, a costa del erario público.
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f. Derivan a la Sanidad Pública aquellos pacientes cuya atención se prevé costosa, dejando de asumir la atención directa que les correspondería sobre esta población, entre ellos, quemados, trasplantes, cuidados intensivos pediátricos, etc. No hay constancia de pago de la empresa privada a la Conselleria de Sanidad por estos servicios.

g. Las acciones de Salud Pública, es decir, los programas de promoción y prevención de la salud no son asumidos por estas empresas privadas. Por ejemplo, la vacunación, las inspecciones sanitarias, la detección precoz de cáncer, etc…, todas ellas con coste elevado, corren a cargo de la Conselleria de Sanidad.

h. El control de la Generalitat sobre la empresa privada es, cuanto menos, dudoso. La figura del controlador, Comisionado, la impone la propia Generalitat y este convive y cohabita con el gestor privado, con intereses comunes, ensalzando un modelo con fuerte carga política y que beneficia económicamente a unos pocos que negocian con la salud de la ciudadanía.

En conclusión, la sanidad en colaboración público-privada NO es más barata NI más eficiente que la pública, ni tampoco los usuarios reciben las mismas prestaciones a un menor coste. Realmente, en el sistema de colaboración público- privada, la clave para reducir costes y hacer negocio con la salud, consiste en parasitar a la sanidad pública, reduciendo o eliminando aquellas prestaciones de más difícil control del gasto, asumiendo las intervenciones más rentables de los departamentos de salud colindantes, recibiendo mayor incremento económico del erario público que los Departamentos de gestión tradicional y con un modelo de gestión poco transparente, sin rendición de cuentas.

En definitiva, el Ayuntamiento de Requena, comparte las razones expuestas por el Grupo Municipal de Esquerra Unida con la PLATAFORMA POR LA MEJORA Y DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA VALENCIANA, las cuales ponen de manifiesto la inconsistencia de los motivos contenidos en la reforma de nuestro sistema sanitario, mediante la aprobación del Decreto-Ley 16/2012 y la pretendida privatización de la gestión sanitaria en nuestra Comunidad Autónoma.

Además, este Ayuntamiento muestra su preocupación y quiere denunciar las graves consecuencias que se derivarán de la puesta en marcha del referido Real Decreto-Ley y de las anunciadas medidas de privatización de la Generalitat Valenciana

1. Se consolidará un sistema insolidario, que extrema las desigualdades entre las clases sociales y que deja desprotegidos a los que más lo necesitan:

a. Las personas mayores jubiladas, pensionistas, aquellas con enfermedades crónicas han de pagar por recetas, el uso de ambulancias no urgentes, productos dietéticos, prótesis externas y los servicios de la cartera accesoria.

b. El copago/repago penaliza a las personas de menos recursos y se extenderá a servicios hasta ahora asumidos por la universalidad, la equidad y el acceso a la sanidad con el que nos protegía la Ley General de Sanidad y la Constitución Española del 78.

c. Queda en total desamparo la población inmigrante que ha trabajado en nuestro país aceptando los salarios más bajos, cuando no su utilización como trabajadores ilegales por las irregularidades cometidas por algunos ciudadanos españoles y ante la pasividad de la administración.
2. Quedan excluidos/as de la condición de asegurado/a las personas inmigrantes sin la autorización de residencia.
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3. Pierden la condición de asegurados/as y pasan a la de beneficiarios/as de un asegurado, las mujeres divorciadas que no hayan cotizado a la seguridad social, con las dificultades que conlleva para las mujeres víctimas de violencia de género.

4. Pierden la condición de asegurados/as las personas mayores de 26 años, aquellas que han agotado la prestación o el subsidio por desempleo y no figuren en la oficina como demandantes de empleo. Esta población se verá obligada a acreditar que no supera el límite de ingresos determinado reglamentariamente. Está por definir la cuantía y fórmula que utilizarán, pero es previsible que se les obligue a contratar aseguramientos privados.

5. Un gran sector de la población como personas jubiladas, pensionistas, con enfermedades crónicas y especialmente con problemas de salud mental quedará excluida de la atención o deberá realizar copagos, lo que aumentará el sufrimiento personal, familiar y el de su entorno próximo.

6. La exclusión sanitaria y/o la limitación para acceder al sistema sanitario público, es no sólo insolidario e indigno, ES UNA IRRESPONSABILIDAD Y UNA TEMERIDAD que afectará a la salud de toda la población, sin reducir coste alguno:

a. La falta de control sanitario de las personas con enfermedades infecciosas y sin diagnóstico ni tratamiento, puede constituir un riesgo para la salud de toda la población tanto incluida como excluida de las prestaciones.

b. Aumentará el coste no sólo social, sino también el económico, puesto que cuando la enfermedad sea más grave acudirán a recibir tratamiento hospitalario, que es mucho más caro que las medidas preventivas.

c. La mortalidad entre los excluidos aumentará muy probablemente, pero también la del resto de la población.

d. Obviar las medidas preventivas para reducir el riesgo de enfermedades tumorales y para la detección precoz de cáncer, aumentará la prevalencia y los costes sanitarios derivados de esta patología.

7. Las listas de espera ya están aumentando en la sanidad pública al disminuir los recursos humanos y se incrementarán más aún por la reducción de la inversión para sufragarla.

8. El deterioro de la sanidad conlleva que las clases sociales con recursos se aseguren en mutuas sanitarias privadas y deduzcan los gastos sanitarios de sus impuestos, o bien que sean excluidos directamente de la sanidad pública, llevando al sistema a la quiebra, puesto que para que la sanidad pública se sustente es necesaria la contribución solidaria de todos. Se volverá a una sanidad para ricos y otra para pobres.

9. Las mutuas aseguran preferentemente a personas saludables, jóvenes y sin patologías previas, al resto de la población o le niegan el seguro o lo hacen a precios altos que pocas personas pueden costearse. También sucede que anulan seguros de personas que dejan de ser rentables por patologías graves y/o crónicas.

10. El acceso al empleo en las empresas privadas que gestionan sanidad pública es arbitrario y, a menudo, en función de la filiación política y/o familiar. Pese a ser financiado con fondos públicos, no se sigue los requisitos recogidos en la Constitución Española para el acceso al empleo público: igualdad, mérito, capacidad y publicidad. En el actual contexto de desempleo supone un trato de favor a las personas cercanas al poder y una exclusión del resto de profesionales.

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En conclusión, el nuevo modelo de sistema sanitario que el Gobierno central y autonómico nos quiere imponer es:
Insolidario
Vulnera los derechos humanos
Pone en riesgo la salud de toda la población
Deja desprotegida a la población que más lo necesita
Desmantela la sanidad pública para beneficiar los intereses económicos de unos pocos, mutuas, compañías aseguradoras, constructoras, bancos…
Crea una sanidad para ricos y otra para pobres, nos traslada a épocas preconstitucionales y a un sistema sanitario basado en la beneficencia.

De acuerdo con todo lo expuesto, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes:

ACUERDOS

1ª.- Dirigirse al Gobierno del Estado, así como a los Grupos Parlamentarios presentes en las Cortes Generales, para la retirada y, en su caso, no convalidación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

2ª.- Dirigirse al Consell de la Generalitat Valenciana, así como a los Grupos Parlamentarios presentes en les Corts para que requiera al Gobierno del Estado la retirada del referido Real Decreto-Ley 16/2012.

3ª.- Dirigirse al Consell de la Generalitat para que retire de su agenda política la anunciada pretensión de privatización de la gestión de la sanidad pública valenciana.

4ª.- Dirigirse al Consell de la Generalitat Valenciana, así como a los Grupos Parlamentarios presentes en les Corts con la finalidad de promover, ante el Gobierno del Estado, un PACTO POR LA SANIDAD que consolide nuestro Sistema Nacional de Salud y que asegure la cohesión social y la equidad para todos los ciudadanos. Un pacto que incluya a las fuerzas políticas, sindicales y de profesionales, a la industria y a los colectivos de pacientes que permita que nuestro SNS siga siendo uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo motor de innovación y generador de riqueza y empleo.
5ª.- Informar a la ciudadanía de los acuerdos municipales alcanzados y del resultado de los mismos.

6º.- Informar a la Plataforma por la Mejora y Defensa de la Sanidad Pública Valenciana, sita en C/ Cura Femenía nº 14, 46005 Valencia, del resultado de esta moción.

En Requena, a 4 de junio de 2012

Fdo.: Fernando Navarro Giménez, Portavoz del Grupo Municipal de EUPV

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE REQUENA

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